Hace cinco años, se introdujo en nuestro ordenamiento la obligación de finalizar la fase de instrucción de los procedimientos penales en un plazo máximo. Con ello se pretendía paliar uno de los principales males que padece la jurisdicción penal, tradicionalmente considerada más «veloz» que otras. Dado que las instrucciones seguían eternizándose, se aprobó este verano de 2020 una reforma que desgraciadamente tampoco parece que vaya a solucionar el problema. Sobre ello me pronuncio en un reciente artículo.